Glosario de la Segunda Oportunidad

Persona física o jurídica que tiene derecho a cobrar una deuda de otra persona (el deudor). En el proceso de Segunda Oportunidad, los acreedores son notificados del concurso y no pueden reclamar individualmente las deudas una vez declarado. Se clasifican en acreedores privilegiados (con garantía especial, como el banco hipotecario) y acreedores ordinarios (sin garantía específica, como las financieras de tarjetas).

Fase obligatoria previa al proceso judicial de Segunda Oportunidad. Un mediador concursal designado por el Registro Mercantil o la Cámara de Comercio gestiona una propuesta de pago a los acreedores. Si la mayoría la acepta, el acuerdo es vinculante para todos. Si es rechazada —lo habitual—, se abre automáticamente la vía judicial del concurso de acreedores. El AEP dura entre 2 y 3 meses.

Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito. Gestiona el fichero de morosos más utilizado en España, operado por Equifax. Una persona inscrita en ASNEF tiene dificultades para obtener financiación, contratar líneas móviles o alquilar vivienda. La exoneración judicial en la Segunda Oportunidad extingue la deuda y obliga al fichero a dar de baja la inscripción de forma definitiva.

Base de Datos de Extractos de Cuadros de Clientes, gestionada por Experian. Es el segundo fichero de morosos más utilizado en España, especialmente por operadoras de telecomunicaciones, utilities y empresas de suministros. Igual que ASNEF, la baja es obligatoria tras la exoneración judicial.

Uno de los cinco requisitos legales para acceder a la exoneración. El deudor debe acreditar que su insolvencia es genuina y no producto de conducta fraudulenta. Implica: no haber sido condenado por delito económico en los últimos 10 años, no haber ocultado bienes ni realizado transmisiones fraudulentas, haber intentado el Acuerdo Extrajudicial de Pagos, y haber colaborado con la administración concursal.

Proceso judicial regulado por la Ley Concursal que se activa cuando una persona o empresa no puede pagar sus deudas. Para personas físicas, el objetivo es llegar a la exoneración del pasivo insatisfecho (Segunda Oportunidad). El juzgado competente es el Juzgado de lo Mercantil del lugar de residencia del deudor. Desde la declaración del concurso, los embargos quedan paralizados y los acreedores no pueden reclamar individualmente.

Deuda que tiene preferencia de cobro sobre los créditos ordinarios en el proceso concursal. Se divide en privilegio especial (garantizado con un bien concreto, como la hipoteca) y privilegio general (sin bien concreto pero con preferencia legal, como ciertas deudas laborales y parte de la deuda pública). Los créditos privilegiados son más difíciles de exonerar que los ordinarios.

Modalidad de concurso de acreedores en la que el deudor no tiene bienes suficientes para cubrir los gastos del proceso. Es el más frecuente en expedientes de personas físicas sin patrimonio. Al no haber bienes que liquidar, el proceso es más rápido y económico. No impide la obtención de la exoneración del pasivo insatisfecho.

Persona física o jurídica que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. La insolvencia puede ser actual (ya no puede pagar) o inminente (prevé que no podrá pagar en los próximos meses). No requiere tener embargos activos ni estar en ficheros de morosos. Es el presupuesto objetivo del concurso de acreedores.

Resolución judicial que extingue definitivamente las deudas no pagadas tras el proceso concursal. Es el objetivo final de la Segunda Oportunidad. Una vez dictada la EPI, los acreedores no pueden reclamar esas deudas nunca más. La exoneración puede ser total (todas las deudas exoneradas) o parcial (las no excluidas por ley). Desde la reforma de 2022, las deudas fiscales son exonerables sin límite fijo.

Medida cautelar o ejecutiva por la que un acreedor retiene bienes o ingresos del deudor para cobrar su deuda. Puede afectar a la nómina (hasta un límite legal basado en el SMI), a cuentas bancarias o a bienes inmuebles. Desde la declaración del concurso de acreedores, todos los embargos activos quedan suspendidos automáticamente, incluidos los de la AEAT y la TGSS.

Estado en el que una persona no puede cumplir regularmente sus obligaciones de pago vencidas. A diferencia del lenguaje coloquial, la insolvencia legal no requiere no tener ningún bien: basta con que los ingresos y el patrimonio disponible no sean suficientes para hacer frente a las deudas exigibles. Es el presupuesto objetivo del concurso de acreedores.

Órgano judicial competente para tramitar los concursos de acreedores en España. El juzgado competente es el del lugar del domicilio habitual del deudor. En Madrid opera el Juzgado de lo Mercantil de Madrid; en Vigo, el Juzgado de lo Mercantil de Vigo. Sus resoluciones, incluida la exoneración del pasivo insatisfecho, tienen fuerza ejecutiva frente a todos los acreedores.

Conjunto de bienes y derechos del deudor que forman parte del concurso y que pueden liquidarse para pagar a los acreedores. Incluye todos los bienes presentes en el momento de la declaración del concurso. Los ingresos generados después de la declaración no forman parte de la masa activa (el deudor los conserva íntegramente).

Conjunto de todas las deudas y obligaciones del deudor en el momento de la declaración del concurso. Incluye tanto las deudas ordinarias como las privilegiadas. La diferencia entre la masa activa (bienes) y la masa pasiva (deudas) determina el déficit del concurso, que es el importe que se solicita exonerar mediante la Segunda Oportunidad.

Profesional designado por el Registro Mercantil o la Cámara de Comercio para gestionar el Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP). Actúa como intermediario neutral entre el deudor y los acreedores. Sus honorarios (entre 300€ y 900€ según la complejidad) son costes externos al margen de los honorarios del abogado. Si el AEP fracasa, el mediador certifica el fracaso y abre la vía judicial.

Importe de ingresos que el deudor conserva inembargable e intocable durante el proceso concursal y el plan de pagos. En España, el mínimo vital se calcula en función del SMI y las cargas familiares del deudor. Garantiza que el proceso no deje al deudor sin medios para subsistir.

Importe de deudas que no ha podido pagarse tras el proceso concursal, una vez liquidados los bienes disponibles del deudor. Es exactamente el importe que se solicita exonerar mediante la Segunda Oportunidad. Si la exoneración es concedida, ese pasivo se extingue definitivamente.

Vía alternativa a la liquidación de bienes para obtener la exoneración. El deudor se compromete a destinar una parte de sus ingresos disponibles al pago de deudas durante 3 a 5 años. Las cuotas se calculan respetando siempre el mínimo vital. Al terminar el plan, las deudas restantes se extinguen definitivamente. Es especialmente útil para quien quiere conservar su vivienda u otros bienes.

Registro de Aceptaciones Impagadas, gestionado por Axesor. Fichero de morosidad orientado al mundo empresarial: recoge impagos de letras de cambio, pagarés y cheques. Menos habitual que ASNEF para particulares, pero frecuente en autónomos y empresarios. La exoneración judicial también obliga a la baja en el RAI.

El Real Decreto-ley 1/2022, de 25 de enero, transpuso la Directiva Europea 2019/1023 y supuso la mayor reforma de la Segunda Oportunidad desde su creación en 2015. Los cambios más relevantes: eliminación del límite fijo de exoneración de deuda fiscal (antes 10.000€ con la AEAT), simplificación del proceso para deudores sin bienes, ampliación del plan de pagos y mejora de la exoneración de créditos con privilegio general.

Registro público donde se inscriben todas las declaraciones de concurso de acreedores en España. Es de acceso público y consultable en publicidadconcursal.es. La inscripción se cancela cuando se obtiene la exoneración definitiva o se archiva el concurso. Su existencia es el motivo por el que el proceso es "público", aunque sus efectos prácticos en la vida cotidiana son limitados.

Proceso de reorganización de las deudas de una persona o empresa para hacerlas manejables o eliminarlas. En el ámbito de personas físicas, puede incluir la Segunda Oportunidad (exoneración judicial), la negociación de quitas con acreedores, el plan de pagos o la reestructuración hipotecaria. No tiene una definición legal única: engloba cualquier mecanismo que permita al deudor recuperar la viabilidad financiera.

Denominación coloquial del mecanismo de exoneración del pasivo insatisfecho para personas físicas regulado en la Ley Concursal española. Formalmente fue introducido por el Real Decreto-ley 1/2015 y reformado en profundidad por el RDL 1/2022. Permite a particulares y autónomos insolventes cancelar el 100% de sus deudas mediante resolución judicial, comenzar desde cero sin deudas y salir de los ficheros de morosos.

Organismo que gestiona la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social, incluidas las del RETA (autónomos). Las deudas con la TGSS son exonerables desde la reforma de 2022. Los procedimientos de apremio de la TGSS quedan suspendidos desde la declaración del concurso de acreedores, igual que los de la AEAT.

Régimen de Seguridad Social al que están obligados a cotizar los trabajadores autónomos en España. Las cuotas al RETA impagadas son exonerables en la Segunda Oportunidad. Desde la reforma de 2022, el límite de 10.000€ para la exoneración de cuotas RETA fue eliminado, y la exoneración se determina por el nivel real de insolvencia acreditada.